Sábado, 18 de Marzo de 2006
primer periódico ciudadano de españa
Fernando Mínguez
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution (Una sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada, carece de constitución). Eso dice el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, por cierto declarada expresamente vigente por la Constitución Francesa de 1958 y, poco más o menos, asumida por todas las demás.
Es una frase importante, porque encierra en pocas palabras la verdadera esencia de lo que es un estado liberal de derecho, aunque es dudoso que los revolucionarios franceses y sus mentores teóricos, Montesquieu entre ellos, hubieran entendido del todo qué significaba. Lo verdaderamente relevante en esta vida no es la democracia o cosas por el estilo (a la inevitabilidad de la democracia como única solución posible se llega, entre otras cosas, por la evidencia empírica de que todo sistema alternativo ha resultado mucho peor, pero ese es otro asunto), sino las libertades, y la única vía real para protegerlas es un sistema de poderes mutuamente equilibrados. Por eso, cualquier sistema de organización política que no respete esas premisas no puede ser llamado constitución, si por tal entendemos una serie de normas capaces de fundamentar el gobierno de una sociedad de personas libres.
Lo que hoy conocemos por izquierda nació, más o menos, de la negación de todo lo anterior. De afirmar que es mentira. Que lo del derecho es una filfa absoluta y, por supuesto, lo de la separación de poderes, también. Es más, el propio derecho no es más que un eufemismo para referirse a una serie de relaciones de cruda dominación. Un timo, vaya.
Algo han evolucionado, claro. Pero no del todo, no crean. De ahí sus problemas con el poder judicial. No por casualidad son absolutamente recurrentes. Es posible que el afán por controlar el poder judicial esconda aviesas intenciones y las ganas de garantizarse un juicio cómodo para futuros desmanes, algo así como un seguro de vejez. Pero no lo creo. En todo caso, eso será común a todo aquel que ostente el poder, sea de izquierdas o de derechas, ya que siempre intentará no ser controlado ni mientras esté en la poltrona ni cuando la abandone. En lo de la izquierda hay algo más, algo particular.
Ese algo es la relación de los socialistas con el derecho, en el sentido más amplio. Su concepción del derecho como la continuación de la política por otros medios. Cuando Alfonso Guerra dijo que Montesquieu había muerto no pretendía, simplemente, epatar al personal con una frase efectista. No. Formulaba una verdadera doctrina, muy coherente, por lo demás, con la mentalidad de ingenieros sociales que caracteriza a los socialistas, incluso a los bienintencionados. Si por ellos fuera, el que recibe el poder, debía recibirlo todo, y todo a la vez.
Todo debe estar en sintonía con la mayoría. Parlamento, ejecutivo y tribunales. De hecho, a más de uno se le escapa, como a la Directora General de RTVE (sí, los medios también, sí). Por eso, situaciones como la presente, en la que el CGPJ y su Presidente no están alineados con la mayoría social les parecen anómalas. Transitorias, como mucho.
Ya digo, es un problema de punto de partida. Por eso no se les cae la democracia —a todo le ponen el calificativo democrático— de la boca. Porque la democracia, la mayoría, es la fuente de toda legitimidad o, por mejor decir, lo legitima todo. Ya digo que los revolucionarios franceses también pensaban un poco así, en sus desvaríos roussonianos. Nadie ni nada debe resistirse a la voluntad libremente expresada —por cauces democráticos, sí, que ya no se reputan legítimas otras vanguardias— del pueblo soberano. Las instituciones que respondan a otras mayorías son, por ese sólo hecho, ilegítimas.
Por supuesto, desde la lógica liberal, las cosas son muy diferentes. El único momento en el que el poder se manifiesta como indiviso es el instante constituyente (que, por otra parte, y seguimos con la lógica liberal, sólo consiste en instituir un régimen acorde con el artículo antes citado de la Declaración de Derechos). A partir de ahí, las mayorías sólo sirven para proveer los diferentes órganos constituidos. Ganar las elecciones no legitima, ni mucho menos, para tomar por asalto todas las instituciones del Estado, ni éstas están obligadas a rendir plaza y tributar honores.
Pero, insisto, no son malos (la mayoría, al menos). Es que piensan así.
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