La estrategia catalana: el proceso de construcción nacional

Domingo, 7 de Septiembre de 2008, 13:08 horas | Hemeroteca

El fenómeno del nacionalismo cobra más relevancia ahora que nunca. Tras la negociación del Estatut y el actual debate sobre el sistema de financiación se oculta la verdadera razón de existir del gobierno catalán en las últimas tres décadas.

Existe un nuevo regionalismo en Europa, fuerzas que adoptan distintas formas en cada lugar, ya que la UE ha propiciado la emergencia de nuevas arenas políticas y sociales. Hay dos fenómenos que se originan arriba (globalización e integración europea) y dos que se manifiestan desde abajo (movimientos regionalistas/nacionalistas y cambios en la estructura del mercado). El Estado se resiente, y de hecho no sólo España es testigo de fuertes disputas acerca de las fuentes de legitimidad o de los derechos.

Muchos juristas han entrado ya en el pantanoso terreno de la desmitificación del Estado como fuente de legalidad, y valoran positivamente la aparición de nuevos órdenes normativos por encima del Estado, como es el caso del Tribunal de Justicia Europeo.

Tradicionalmente, con mercados nacionales cerrados al exterior, el territorio no era un factor esencial desde el punto de vista macroeconómico. En España, tras la Guerra Civil, y en general en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, los gobierno centrales aplicaron incentivos fiscales y ayudas públicas en determinadas regiones, creando polos de desarrollo en sectores clave, integrando así las regiones en una visión nacional, de arriba abajo, y practicando una división nacional del trabajo. Esto acabó desembocando en la creación de gobiernos regionales, por ejemplo en Italia, Bélgica y Reino Unido, y también en España con la llegada de la democracia (Alemania es un caso distinto, ya que la federación funciona como un institucionalización planificada en conjunto). Con la apertura de mercados y la integración en el mercado europeo, sin embargo, los gobiernos centrales ya no podían controlar la localización de las empresas y la política regional se convirtió en una herramienta política.

Las regiones empezaron a competir para atraer empresas y tecnología bajo el postulado político de un interés regional común. Ahí radica el modelo catalán, su estrategia de construcción nacional, un proyecto político que promueve la autonomía territorial incorporando un fuerte componente cultural y social. El gobierno deja de centrarse en la economía, pues precisa de una amplia base social y política, de modo que empieza a considerarse que el crecimiento no puede conseguirse a costa de la cohesión social.

Esta es la causa de que se recurra a la descentralización de las políticas de formación, y por ende la educación pasa a ser claramente un elemento distorsionador, o mejor dicho de intervención. Se postula así la idea de que existe un interés regional común y a continuación se introduce a los políticos en el sistema de competencia del mercado. Lo cierto es que en toda Europa los líderes regionales han ido adoptando un discurso parecido, y esto no está limitado a las derechas ni a las izquierdas.

Desde el liberalismo hay muchos autores que defienden la emergencia de las regiones económicas como fin al Estado-nación. La UE y el mundo estarían formados por regiones muy dinámicas, obteniendo así la máxima ventaja de la libre competencia mundial y brindando la oportunidad de reducir la influencia de los gobiernos fuertes e intervencionistas.

No obstante, la teoría no se ajusta a la realidad catalana, pues el recorte de los poderes del gobierno central se traduce simultáneamente en incremento del poder regional. Tanto es así que el gobierno catalán ha sido y es, desde el advenimiento de la democracia, casi el perfecto paradigma de un proyecto de ingeniería social. La cultura, la lengua, la educación, la manipulación mediática, son puras herramientas al servicio del poder regional.

Curiosamente, las actitudes que estamos viendo en el actual Tripartit, reticentes a la transferencia de fondos a regiones más pobres de España, emparenta perfectamente con la extrema derecha europea, que se ubica en aquellas regiones ricas que se oponen a donar dinero a las zonas más necesitadas, ya que consideran que esto merma su capacidad competitiva.

Los gobiernos regionales incurren además en la paradoja hipócrita de protestar cuando son donantes netos, mientras que no proferían queja alguna cuando fueron receptores (caso de Flandes y Baviera). Es cierto que el mercado europeo cambia las condiciones y que las balanzas fiscales y comerciales son mucho más discutibles y complejas en su cálculo real. Aún así es precisa cierta redistribución territorial, porque la propia estructura de un mercado común tan extenso crea desventajas competitivas para algunas regiones. Ese es el origen de los célebres fondos estructurales y de cohesión comunitarios.

Paradójicamente, el hecho de que la UE no tenga competencias en la provisión de bienes públicos la imposibilita para realizar tareas redistributivas, y por ello la descentralización tiene sentido para ciertas funciones pero no es la vía óptima para todas (sobre todo tiene sentido centralizar la economía, ya que los mercados no están fragmentados en la UE).

Esta inconcreción de competencias en la UE es una de las razones de que exista el concepto de los saldos netos en las negociaciones presupuestarias (el juste retour que reclama cada Estado miembro), que es el verdadero gran problema sistémico que impide el funcionamiento óptimo de la Unión, algo que solo se solucionará por la vía institucional o constitucional.

Los desequilibrios regionales y la eficacia en la asignación de recursos son dos problemas a resolver si queremos ser competitivos de verdad con el resto del mundo, más allá de proteccionismos, que son una lacra (como lo es la PAC y está demostrado).

Volviendo a la estrategia catalana, es obvio que la lengua es una herramienta de poder, como lo fue en Bélgica (que acabó desembocando en una federación dual, por cierto desastrosa, aunque a mi juicio tiene más que ver con un diseño federal asimétrico mal planteado, que España debe evitar a toda costa). En Cataluña hemos tenido un gobierno nacionalista democristiano liderado por Pujol, que ha hecho buena la vieja tradición regionalista basada en los valores conservadores, una fuerte identidad histórica y las rígidas redes clientelares (empresarios, holdings de comunicación, etc. que crean grupos de presión a cambio de prebendas). Ahí juega fuerte el intercambio de apoyo político al poder central a cambio de protección económica o de concesiones políticas, el famoso chantaje nacionalista.

El Tripartit hereda ese modelo clientelar pujolista y el diseño de gestión burocratizado y, lo peor, nepótico. Como muestra, lo injustificable del dinero del contribuyente que se invierte en subvencionar y patrocinar entidades culturales de nula utilidad para al ciudadano, de lo que naturalmente existen datos.

Las recurrentes quejas por el modelo de financiación que estamos viviendo ahora en España se producen también en Italia, Bélgica y Reino Unido, incluso en Alemania, y de hecho las regiones utilizan bien sus armas de presión en Bruselas en forma de grupos de interés cada vez más poderosos. La UE percibe esto como una oportunidad.

Esta es una realidad que debe afrontarse con valentía, federalizando los sistemas constitucionales y garantizando un reparto de poderes estable a largo plazo. Alemania y Austria tienen un sistema federal simétrico que contempla políticas redistributivas, con límites claros a las transferencias y condiciones al comportamiento de las regiones receptoras. Es un sistema eficaz y rentable que permite el desarrollo de las zonas rezagadas sin que se conviertan en lacras para las desarrolladas (a diferencia de lo que ocurre en España con el sistema autonómico).

Los Estados miembros perciben la europeización de algunas regiones como una amenaza, pero no debería ser así. La Comisión Europea comprende bien ese fenómeno y crea alianzas estratégicas, viéndolo como la oportunidad de crear un nuevo orden político europeo donde la autoridad quede definida y no difusa como en la actualidad (no hay nada más irritante que los políticos responsabilizando a los otros —gobierno central, regional, comunitario— de las decisiones impopulares o erróneas).

¿Tiene importancia el territorio? No debería tenerla, pero ahora es demasiado tarde para revertir ciertos trayectos ya recorridos. La estrategia catalana no es un invento patrio, la han mimetizado de otros lugares, y sirve a los objetivos nacionalistas. Con todo, los Estados son hoy por hoy el principal instrumento de regulación. La UE, de hecho, está controlada netamente por los Estados miembros y sus intereses.

No nos llamemos a engaño: quienes lo vivimos de cerca conocemos bien el nacionalismo catalán. Su ambición no tiene límite, no quiere simetría sino privilegios y más poder para intervenir en nuestra vida (véase ese Estatut intervencionista hasta niveles inconcebibles). Ha entrado en una competición no comercial sino institucional y discriminatoria. Los nacionalistas, que tanto presumen de respeto a las minorías y de multiculturalismo, persiguen y sancionan el uso de una lengua oficial, el castellano.

No se debe caer en el error de ceder ante esa amenaza, sino que hay que diseñar con inteligencia las relaciones multilaterales entre regiones y con la Unión Europea. Cierto que los Estados deben perder peso institucional, sencillamente porque no es razonable una administración pública burocratizada a cuatro niveles, muy costosa para el ciudadano y poco ágil y eficaz. Plantéese el debate (¿será capaz el Partido Popular de hacerlo?). Urge que los partidos políticos, más pronto que tarde, se estructuren vertical y horizontalmente a escala europea.

Europa es un puzle complejo y las ambiciones regionalistas son muy poderosas, no se detendrán. Hay que buscar una receta definitiva que supere la visión nacionalista.

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