Sábado, 31 de Octubre de 2009
primer periódico ciudadano de españa
El juez Baltasar Garzón ordenó el ingreso en prisión del socialista Bartomeu Muñoz, alcalde de la localidad catalana, y otros cuatro de los detenidos en la llamada ‘operación Pretoria’, entre los que se encuentran los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, también decretó prisión sin fianza para el ex diputado socialista Luis García, presunto cerebro de la trama, y el concejal de Urbanismo Manuel Dobarco.
Otros de los detenidos han quedado en libertad bajo fianza. Es el caso de Pasqual Vela, director de Servicios del Ayuntamiento, y de los empresarios Luis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo. Las fianzas van de los 25.000 euros impuestos a Vela a los 500.000 que deberán abonar Casamitjana y Singla.
Suspendidos de militancia
Los cargos que se imputan al alcalde Bertomeu Muñoz son los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal. El Partido Socialista de Catalunya (PSC) ha anunciado que el lunes se reunirá su Comisión Ejecutiva para suspender de militancia tanto a Muñoz como al concejal Dobarco y a Pasqual Vela.
Una decisión parecida tomará el Comité Ejecutivo de CiU, que también el lunes suspenderá temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. No obstante, desde la coalición naciobalista conservadora se ha apoyado a los detenidos a través del portavoz parlamentario Oriol Pujol. El hijo del que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha denunciado la «exagerada notoriedad» que se ha dado a la investigación de la trama asegurando que se ha producido un trato «innecesario y con un punto de encarnizamiento» con los detenidos.
Militantes históricos de CiU
Hay que destacar que tanto Alavedra como Prenafeta mantuvieron una estrecha relación con Jordi Pujol y que el propio Oriol Pujol les ha calificado de «militantes históricos» de la coalición.
Ahora, Garzón continuará investigando si desde el Ayuntamiento de Santa Coloma se adjudicaban servicios y terrenos a determinadas empresas a cambio de jugosas comisiones y sobornos que se acercarían a un total de 45 millones de euros.
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