Discriminación positiva: ¿al bien por el mal?

Manel Gozalbo

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Por razones que por lo general se hunden en la noche de los tiempos —que no es precisamente el más amable de los lugares—, en todas las sociedades aparecen grupos de personas sistemáticamente maltratadas, marginadas, abusadas o ignoradas: mujeres, negros, blancos, gitanos, judíos, cristianos, musulmanes, pobres, norteños, sureños, orientales, bajitos, gordos, homosexuales, you name it. La legislación premoderna, promulgada y acumulada en esa misma noche de los tiempos por los grupos dominantes, sanciona tales discriminaciones negativas porque, dicho sin rodeos, cuenta con el respaldo de la mayoría de la población o, en casos atípicos como Sudáfrica y breves períodos en la Argelia colonial y otros lugares, porque cuenta con la fuerza de la porra. La ley es una propiedad de la sociedad, y por consiguiente, si ha lugar, igual de miope, igual de visceral, igual de sectaria e igual de rebosante de odio, lo que explica que se produzcan clamorosas injusticias sin que a su señoría se le mueva el peluquín. Es la situación reflejada en el famoso chiste del sheriff de Alabama que encuentra a un negro muerto con 134 cuchillos clavados en la espalda y comenta que es el suicidio más cruel que ha visto en su vida, con lo fácil que resulta pegarse un tiro.

Un juego de la izquierda

Hay que ir, sí, a Estados Unidos, prototipo de país racista en el imaginario popular por más que, al cabo, no sea más racista que los países europeos, que salen tan benditos e inocentones en ese nuestro imaginario aunque basta una oleada inmigratoria —de las que EE.UU. ha tenido cien— para que se le enciendan los mismos demonios. Holocaustos, persecuciones, inquisiciones, matanzas y expulsiones confiscatorias de minorías no se inventaron en Oklahoma; llegaron a las costas estadounidenses como moluscos adheridos al casco del Mayflower. Lo que sí se inventó allí fue la discriminación positiva (DP). La impulsó el Partido Demócrata (la izquierda) en la década de los 60. Tiene mérito. Mucho, porque la segregación —la discriminación negativa— también había sido impulsada por el Partido Demócrata en la década de los 10, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, líder del llamado... hum... Movimiento Progresista, y que en la campaña electoral había dicho que haría exactamente lo contrario (me suena; ha de ser algo congénito en los progresistas). En 1952-1960, cuando Eisenhower —el único presidente republicano (la derecha) entre 1932 y 1968— quiso abolirla, no pudo superar la durísima oposición del Partido Demócrata y tuvo que conformarse con parches.

En situación: en el Partido Demócrata había una facción llamada Demócratas Sureños que durante un siglo (hasta 1964) disfrutó de un monopolio político en los estados del Sur, del que si te he visto no me acuerdo (cf. Bruce Bartlett, Wrong On Race. The Democratic Party's Buried Past). No solo arrasaban en las elecciones a gobernador o en las elecciones para Congreso y Senado: es que no tenían oposición. Las primarias demócratas equivalían a saber quién ganaba las elecciones. La aprobación de la DP supuso que los Demócratas Sureños se saltaran la disciplina de partido y, finalmente, abandonaran en bloque el Partido Demócrata. Muchos montaron terceros partidos de relativo o nulo éxito, y otros recalaron en el Partido Republicano. Los demócratas, en suma, comenzaron a perder el control de los estados del Sur a principios de los años 70 y lo perdieron definitivamente desde los años 90, esos mismos estados de los que ahora se chotean diciendo que están llenos de palurdos rednecks. Así que renovemos el imaginario popular: el chistoso sheriff de Alabama votaba al Partido Demócrata, los corruptos y populistas gobernadores larger-than-life —tipo Huey Long o George Wallace— a quienes la oronda Mami sirve una limonada mientras ellos, sudorosos y simpáticamente gruñones, se abanican en los porches de sus mansiones sureñas y disfrutan del regimiento de negros que, allá al fondo, canta Only Youuuuuu, eran del Partido Demócrata.

Como en décadas precedentes, en los 50, en el Sur, había un problema de racismo manifiesto. Seguían vigentes las leyes Jim Crow del s. XIX (cf. Brown & Stetinford, The Jim Crow Encyclopedia (2 vols); Michael Klarman, From Jim Crow to Civil Rights. The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality; Jennifer Ritterhouse, Growing Up Jim Crow. How Black and White Southern Children Learned Race). El resto del país no puede decirse que estuviera inmunizado. Recién elegido Eisenhower, además de un discurso al Congreso en pro de la igualdad que cualquiera aplaudiría a rabiar, aprobó medidas para abolir la segregración en restaurantes de Washington D.C. (!) y en instalaciones militares, eligió a negros para altos cargos en la Casa Blanca por primera vez en la Historia (y si no contrató a más fue porque el FBI, alegando abstrusas razones de seguridad, se lo impidió), y nombró para el Tribunal Supremo a jueces republicanos partidarios de las libertades civiles, jueces reconocidos posteriormente como los más decisivos en décadas si no en todo el siglo. Estos fueron quienes, debido en parte a la insistencia presidencial, abolieron la segregación racial en la educación (cf. Robinson & Bonnie, Law Touched Our Hearts. A Generation Remembers Brown v. Board of Education).

Si la administración Eisenhower no hizo más fue por la oposición de los mentados Demócratas Sureños, quienes, como si fueran nacionalistas catalanes de toda la vida, amenazaron —incluidos manifiestos— con que no acatarían las decisiones judiciales. Alguno —George Wallace—, agotadas todas las trabas legales que había ido interponiendo desde mediados de los 50 para no cumplir las sentencias, llegó en 1963 al extremo de interponerse físicamente ante dos estudiantes negros camino de la universidad, escena histórica digitalmente alterada en Forrest Gump en la que se ve a Forrest, junto a Wallace, tratando de enterarse de qué sucede. Curioso mundo este, isn't it? El Partido Republicano declarando oficialmente su apoyo a la desegregación y a las nuevas condiciones jurídicas de igualdad, y el Partido Demócrata rebotado y oponiéndose oficialmente. El vicepresidente Nixon —años después presidente— yendo a Harlem a dar discursos en pro de la igualdad racial, y el futuro vicepresidente Johnson —años después presidente— maniobrando contra la desegregación en su calidad de líder de la mayoría demócrata en el Senado. Eisenhower sometiendo una ley de derechos civiles para garantizar el voto a todos los negros, y miembros del Partido Demócrata recurriendo al filibusterismo para impedirlo. Strom Thurmond batió el récord: estuvo hablando sin parar durante 24 horas y 18 minutos (cf. Gregory Koger, Filibustering. A Political History of Obstruction in the House and Senate), pero no logró impedir finalmente la aprobación.

Todos los esfuerzos legales hasta ese momento —fueran iniciados por republicanos o por demócratas no sureños— tenían un único y loable objetivo: terminar con la desigualdad. Nada más. En este mismo empeño se mantuvo el presidente católico Kennedy (1961-1963) al aprobar ahora hace 50 años la Orden Presidencial 10925 por la cual todos los organismos oficiales, así como contratistas y subcontratistas del gobierno, deberían respetar la igualdad de oportunidades respecto del personal ya existente o del que pensaran contratar, que no podría ser discriminado por razones de raza, religión, color o nacionalidad. La orden de Kennedy pasó a los anales como la de la Affirmative Action (de ahí lo de discriminación positiva), pero en sí misma no conlleva ningún privilegio para nadie sino solo la eliminación de discriminaciones negativas. Una ley justa y razonable, aunque no completa. Kennedy, como su predecesor, se enfrentaba al racismo institucional, tan arraigado, según he dicho al principio, como pudiera estarlo en la empresa privada o en la calle estadounidense. Pero fue asesinado por un comunista en noviembre de 1963 y no le dio tiempo a más. Su vicepresidente Lyndon B. Johnson —elegido a su vez presidente en las elecciones de 1964— recogió el testigo y, definitivamente, ahora sí, promulgó la discriminación positiva.

Reconozco una bolsa de votos en cuanto la veo

Johnson, que se había opuesto a la ley de derechos de civiles de 1957 y que había mantenido una relación con los negros bastante ambigua —no era ningún campeón de la causa, como recordaron en 1977 en Journal of Negro History, Lyndon B. Johnson and Blacks: The Early Years (pdf)—, presentó en 1964 la suya propia, inspirada e iniciada por el difunto Kennedy y que era, con mucho, la más ambiciosa de la Historia. No solo consolidaba y ampliaba las reformas de Eisenhower y Kennedy sino que, al incluir a la mujer, las dejaba pequeñas. Se le opusieron los mismos Demócratas Sureños que a Eisenhower, sin faltar filibusterismos, dándose la insultante circunstancia de que una ley de un presidente demócrata recibiera más votos a favor —¡y menos votos en contra!— de republicanos que de conmilitones demócratas. El partido de Johnson, según he adelantado, se partió en dos, lo cual explica la inversión ocurrida en el carné de partido del ocupante de la Casa Blanca: en la primera mitad del siglo XX y hasta 1968 hubo más presidentes demócratas; desde entonces, republicanos. Insisto: curious, innit?

Abreviando: que dice el jefe que la DP ha venido para quedarse. En los años siguientes y en las administraciones posteriores, se promulgaron decenas de leyes, decretos y reglamentos no para meramente igualar a todos en la letra de la ley o para eliminar discriminaciones negativas en la práctica, sino para reparar por exceso los abusos anteriores mediante privilegios presentes y futuros. No solo se eliminaban barreras de acceso a la educación o el mundo laboral que pudieran afectar a grupos tradicionalmente discriminados, sino que se primaba que en el acceso, de estar limitado, salieran favorecidos tales grupos. De Estados Unidos, la DP se expandió a todo el mundo, en cada lugar con sus discriminados y circunstancias peculiares. Esta es, en definitiva, la esencia de la idea: mi abuelo y mi padre te fustigaron con el látigo en la plantación y yo y mis hijos te dejaremos ponerte el primero en la cola del pan aunque llegues el último. Suena humanamente comprensible y hasta plausible. Otra cosa es ver si jurídicamente estamos ante una idea razonable y, por último, saber si el experimento ha dado los frutos apetecidos.

En términos legislativos, es obvio que no resulta razonable sustituir unas discriminaciones por otras. En primer lugar, porque no es ese el ámbito en que deben curarse las heridas de la Historia; y en segundo lugar porque, al mismo tiempo, no se curan todas las otras heridas que puedan existir: ¿no tienen derecho a la DP, por ejemplo, los habitantes de zonas secularmente descuidadas por la administración o que, como en España los nacionalistas periféricos, se sientan «incomprendidos y maltratados»? ¿Acaso es esencialmente distinto impedir por motivos religiosos o raciales que un judío o un negro accedan a la universidad que impedir por falta de infraestructuras que un blanco o un asiático accedan a una universidad que no existe en su región y a la que tampoco podrían llegar porque no existe transporte público? Que yo sepa, cuando la administración decide por fin construir carreteras y escuelas donde no las había, los nativos no obtienen automáticamente el aprobado el mismo día que se inauguran. En ambos casos (y en otros) estamos ante discriminaciones de las que son culpables los sucesivos poderes públicos. Cae por su peso, además, que una administración no puede dedicarse a privilegiar en la ley cada vez que detecta grupos desfavorecidos, pues serían tantos y tan frecuentes los cambios que podríamos utilizar la legislación de ventilador en las noches de verano. Su función consiste en eliminar las causas de la discriminación; si son económicas, con planes económicos. Para arrepentirse de los pecados se va uno a la iglesia, y para conjurar los fantasmas del pasado se ha inventado el propósito de enmienda, porque el pasado no se puede borrar ni cambiar.

Sí cabe compensar económicamante a individuos que hayan sido sujeto de injusticias por defecto de ley en el pasado, pero —discapacitados físicos aparte en todas estas consideraciones— crear una categoría especial de perjudicados, grupos genéricos de perjudicados, significa que no se reparan hechos materialmente ocurridos sino ideológicamente ocurridos. No es de Justicia de lo que estamos hablando sino de ideología, y la ideología siempre favorece a los suyos o a aquellos a los que quiere hacer suyos, como los inmigrantes, a quienes no cabe resarcir por pecados de nuestros padres. ¿Cuesta tanto comprender que la ideología nunca solventa problemas sino que los endulza? El racismo, por caso, no se soluciona favoreciendo legalmente a la víctima potencial, que a lo mejor jamás ha padecido ni padecerá ningún acto racista concreto; se resuelve castigando al racista consumado, a quien comete el delito. La desigualdad laboral no se soluciona favoreciendo a la mujer por el hecho de serlo; se resuelve castigando a quien la infravalore por el hecho de ser mujer. Y así sucesivamente. Coño, en el pasado no se nos ha favorecido a casi todos —o específicamente «a los vascos y vascas»— por ser potenciales víctimas del terrorismo. La Ley debe procurar igualdad, no participar en programas electorales y alentar dobles varas de medir. Así lo han ido ratificando a lo largo de los años distintas sentencias del Supremo estadounidense: «All federal, state, and local racial/ethnic classifications, "benign" or otherwise, must be narrowly tailored to further a compelling interest; and absent proof of "specifically identified" past discrimination, preferences flowing from such classifications violate the equal protection clause».

¿Qué ocurre si no? Pues que el sistema piensa y legisla en términos de condicionantes naturales y sociales que la propia ley dice aborrecer, no en función de ciudadanos iguales ante ella; que se incentiva la indolencia grupal y el lobbismo, no el mérito y la personalidad de cada cual; que se crea el estigma de la sospecha sobre los favorecidos, que nunca sabremos si hubieran podido conseguir esto o aquello por su propio esfuerzo y capacidad, «sin ayuditas», lo que en suma extiende una sombra adicional de animadversión hacia ellos y les repercute psicológicamente; y por supuesto, but not least at all, que se abre una inmensa puerta a las trampas y los abusos. Dado que en las instituciones educativas suele haber numerus clausus, i.e. un número tope de estudiantes, la DP obliga a los malabarismos de las cuotas preventivas: tanto por cien de negros, tanto de asiáticos, tanto de pobres, tanto de estos y tanto de aquellos. Con harta frecuencia se termina excluyendo a quien tenía que entrar por méritos pero se queda fuera por cuota, y entra por cuota alguien más tarugo que el copón (motivo de infinidad de pleitos, que obligan a las varias instancias gubernamentales a modificar o anular partes de la DP hasta quedarse en la simple protección de la igualdad). Y no digamos los casos en que alguien falsifica su perfil para hacerse pasar por lo que no es, lo que no solo ocurre en el ámbito educativo sino en la extensión de la DP a los más diversos campos (laboral, vivienda, etc.). Y mejor no interesarnos por el mundo privado, donde a las empresas se las obliga a menudo a contratar personal peor cualificado al objeto de respetar la cuota.

De los experimentos sin gaseosa

La DP es uno más de los experimentos sin gaseosa del progresismo a que me referí el otro día, sin duda el principal. Ayuda a fardar de sensibilidad social y esas cosas tan monas. Solo tiene un inconveniente: que han pasado cincuenta años y podemos ver los resultados. ¿Ha funcionado? ¿Es una buena idea, al margen de aspectos lógicos y jurídicos? Como estará la cosa que un libro colectivo favorable a la DP como Affirmative Action in Antidiscrimination Law and Policy. An Overview and Synthesis, de Leiter & Leiter (2002), reconoce, en su capítulo de conclusiones, que

The judgment will be exceedingly difficult ... Separating heat from light in this controversy is at best a daunting task. To a great extent, moreover, affirmative action is still a work in progress.

O sea, que 50 años después de que comenzaran los distintos programas de discriminación positiva en Estados Unidos no está claro si han resuelto los problemas que trataban de resolver. En mi pueblo eso significa que no lo han conseguido, pero a ver quién es el guapo que se atreve a enfurecer a las minorías afectadas, que si se les privara de esas ventajas comparativas interpretarían, no sin algo de razón, que han vuelto a ser magníficamente puteadas «por los poderosos».

La cuestión de los resultados prácticos es la que se planteó también, en 2004, Thomas Sowell (Affirmative Action around the World. An Empirical Study), cuyo trabajo se abre con estas palabras y énfasis de advertencia:

Many —if not most— people who are for or against affirmative action are for or against the theory of affirmative action. The factual question of what actually happens as a result of affirmative action policies receives remarkably little attention. Assumptions, beliefs and rationales dominate controversies on this issue in countries around the world. This book addresses the empirical question of just what does and does not happen under affirmative action—and to whose benefit and whose detriment.

Así que para prescindir de la teoría se puso a comprobar casos y estadísticas oficiales en distintos países con programas de DP y tratos preferenciales y a compararlas con los equivalentes en Estados Unidos. Era la primera vez que alguien lo intentaba, lo que no deja de ser llamativo y, peor todavía, elocuente sobre las verdaderas intenciones partidistas que se hallan en el fondo del asunto. La DP genera burocracia, grupos afines, control sobre la sociedad y tiene buena prensa; ¿a quién le importan los resultados?

For some supporters of affirmative action, it is just a matter of being in favor of helping the less fortunate, with the "details" being left for others to consider and work out. However, even a broad-brush look at what affirmative action programs have actually done in various countries reveals that a failure to achieve their goals may be the least of the problems created by these programs. Poisonous intergroup relations and real dangers to the fabric of society have also been produced by affirmative action in some countries. That should become painfully clear when we look at the "details" in the chapters that follow.

Parte de su conclusión, a saber: que el DP había originado problemas en la cohesión de los países, fue bastante criticada; pero la referida al fracaso mundial de la DP no. Las evidencias contenidas en su trabajo ahogaban cualquier réplica.

In short, black education rose substantially, both absolutely and relative to white education, in the decades preceding the civil rights legislation of the 1960s and the affirmative action policies that began in the 1970s. What economic changes accompanied this rise in black education? As of 1940, 87 percent of black families had incomes below the official poverty line. By 1960, this was down to 47 percent of black families. This dramatic 40-percentage-point decline came at a time when there was no major federal civil rights legislation. But this was a time not only of rising black education, but also a time of a massive exodus of blacks out of the South—more than 3 million people —escaping both the Jim Crow laws and the substandard Southern black schools. In short, this was a time when vast members of blacks lifted themselves out of poverty ... While it is an often repeated fact that the number of blacks in professional and other higher level occupations increased in the five years following passage of the landmark Civil Rights Act of 1964, it is an almost completely ignored fact that the number of blacks rising into such occupations was even greater in the five years preceding passage of the Civil Rights Act of 1964.

El trabajo de Sowell también recoge ejemplos clamorosos de fraude, como ayudas por cuestión racial a personajes tan «necesitados» como los deportistas Julius Erving y O. J. Simpson (años más tarde de nuevo beneficiado al ser absuelto en un caso por homicidio con pruebas concluyentes en su contra) o también, hora del pasmo, un empresario negro que una vez intentó comprar Viacom, empresa valorada en miles de millones de dólares. De hecho, la muestra citada por Sowell indica que 2/3 de los beneficiados fueron negros con fortunas personales de más un millón de dólares. Lo que se dice lumpen genuino.

Como alguna vez hay que terminar —aunque si es plan tiramos de estadísticas—, terminemos: la discriminación positiva es un burdo intento de capitalización política de desgracias ajenas. Es cómoda (no exige mantener el contacto con la realidad) y de buen aspecto (humanitario), por lo que resulta atractiva para los partidos políticos, pero no funciona ni, por tanto, en sentido estricto, puede definirse como progresista. Algún querido amigo de entre el público se enfada —cariñosamente— cuando gasto bromas sobre la zurda, pero es que esto es lo que hay.