Eso digo yo, ¿por qué no se querella Blanco?

Manel Gozalbo

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La semana pasada, El Mundo destapó un supuesto caso de corrupción que afectaría, entre otros, a José Blanco, portavoz del gobierno, ministro de Fomento y, con permiso de Rubalcaba, número dos del PSOE. Según el periódico, Jorge Dorribo, industrial farmacéutico gallego, en un proceso abierto contra su persona en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, habría declarado que pagó 400.000 euros —en metálico y a través de facturas infladas— a Blanco para conseguir ciertas ayudas o favores públicos. El detalle carpetovetónico-folclórico de rigor aparecía en forma de una reunión entre el ministro y el empresario celebrada en una gasolinera, reunión que Blanco reconoció y que Elena Valenciano desvirtuó. Posteriores exclusivas de El Mundo, incluida la de hoy, han agravado el aspecto del caso, aunque no en términos concluyentes.

Se trata, al cabo, de la enésima filtración de un sumario que a estas horas sigue siendo secreto, por lo que, además de ser interesada, peca de unidireccional. No importa, pues el propósito de esta nota no radica en jugar a detectives y determinar si el ministro es culpable o inocente. Tampoco tiene sentido incidir en las siempre difusas responsabilidades políticas, ya que Blanco, como antes Camps y muchos otros, se encuentra en una situación de manifiesta indefensión pública. No puede hacer otra cosa que proclamar su inocencia y repetir que lo publicado es una suma de falsedades y calumnias. Es este último extremo, como indica el título, el que me interesa: si Blanco se considera objeto de calumnias, ¿por qué no acude a los juzgados?

Llevo reiterando el motivo en Twitter desde el mismo día en que saltó el escándalo, cada vez más desanimado ante la ineptitud del personal político-mediático. Bien está que los comentaristas de blogs y otras gentes de poco vivir gasten chanzas sobre la gasolinera y terminen sus divertidas diatribas presumiendo la culpabilidad de Blanco por el hecho de que todavía no se ha querellado contra Dorribo. Es inevitable. Igual que resulta ritual que el afectado, Blanco, que parece que no terminó la carrera de Derecho, anuncie que adoptará las oportunas acciones civiles o penales. Pero distinta calificación merecen los tertulianos y los plumillas que se supone que cobran por opinar y escribir, a quienes se paga precisamente por considerárseles personas de juicio informado y voz autorizada, aunque cuan sectaria sea menester, que no dejan de repetir la insidiosa pregunta. Esta mañana mismo, navegando por las internetes, he recaído —el verbo justo— en Es la mañana de Federico en directo. Ha salido el asunto de Blanco, y enseguida Losantos, José García Domínguez, José Raga y Ana Samboal se han lanzado de cabeza a la intriga habitual: ¿por qué no se querella el ministro? Y luego el consabido jijijí jajajá, eufemismo de «Pepiño, tan pillao con las manos en el surtidor».

Todo ello muy en línea con un largo análisis se diría que jurídico publicado el pasado 11 de octubre en otra habitación de esa misma casa: ¿Por qué Blanco evita querellarse contra Jorge Dorribo? Los autores plantean el problema en términos adecuados:

Comencemos por realizar una breve aclaración técnica: pese a lo que pueda parecer, los sumarios de instrucción son secretos para todos aquéllos que no estén personados en los mismos. Cuando un sumario se declara secreto significa que sólo el Juez Instructor y el Ministerio Fiscal tienen conocimiento íntegro de todo lo actuado, es decir, los abogados de querellados, denunciados, imputados, etc., desconocen la integridad del sumario.

A pesar de lo que nos tienen acostumbrados ciertos medios de comunicación, la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas por la Autoridad Judicial, efectuada por abogados, procuradores y/o miembros de la carrera judicial o fiscal, constituye un delito, recogido en el Art. 466 del Código Penal, que supone penas desde prisión a multa e inhabilitación especial.

Dicho esto, todo apunta a que la estrategia procesal de Blanco se encamina a tomar conocimiento de parte de lo actuado antes de que su Señoría levante el secreto de sumario. Y, de hecho, el propio escrito presentado en los Juzgados de Lugo por su abogado, formulando esta petición y no interponiendo la famosa querella por calumnias, así parece indicarlo.

Pero acto seguido descarrilan miserablemente:

Se escudan en que es necesario confirmar quién efectuó las declaraciones, para así poder presentar la querella, pero esto no es correcto. El delito de calumnia se puede perseguir interponiendo una simple denuncia cuando se dirige contra una Autoridad por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, como es el caso que nos ocupa, debiendo incluso procederse de oficio, en base al Art. 215 del Código Penal.

Cuantas más veces leo este párrafo menos me lo explico. Los autores de la pieza han llegado al artículo 215 CP... ¿pero no han reparado en el 215.2 CP? Insisto, no me lo explico. O su torpeza exige adjetivos mayúsculos o barren para casa a sabiendas, y a saber qué es peor. Es precisamente el art. 215.2 CP el que aclara por qué Blanco no ha interpuesto querella contra Dorribo:

2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.

Misterio resuelto, lo siento (en el mismo sentido, art. 805 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). José Blanco no ejerce acciones penales en el juzgado de guardia (alguien en la mentada tertulia dixie y pixie) porque sencillamente no puede. Primero ha de obtener permiso de la juez que instruye el caso, y la Ley no especifica qué requisitos son procedimentalmente pertinentes para conceder licencia o rechazarla. La juez, para no causar la indefensión de Blanco, tendría que comunicar a sus abogados el contenido de todo lo referido a él en un sumario todavía secreto. Poco probable, pues, y menos todavía si es cierto que dicho secreto se levantará en breve (días).

Insisto: cobran. Eso es lo que jode, porque luego no se explican la crisis de la prensa.